La Junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Cojedes se dirige a la opinión pública ante el cierre e incautación de los equipos de las emisoras de radio Candela 92.9 F.M., (01/07/22), Nex 100.1 F.M, Hits 92.5 F.M y Moda 105.1 FM, (15/07/22); ubicadas en San Carlos, municipio San Carlos; por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel; sustentadas las medidas en el incumplimiento del artículo 165 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2011) que establece sanciones con multas, en su numeral 1 la instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicaciones o la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico que requieran la habilitación administrativa o concesión, sin contar con éstas. Actuaciones que corresponden al Artículo 172. Sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar de conformidad con lo previsto en esta Ley, será sancionado con el comiso de los equipos y materiales empleados en la instalación, operación, prestación o explotación de servicios de telecomunicaciones.
El gremio periodístico rechaza el cierre y confiscación de los equipos de las cuatro radiemisoras cojedeñas en un lapso de 15 días. La suspensión inmediata de las transmisiones trae consigo limitaciones en el uso del espectro radioeléctrico, vulnera el derecho a la libertad de expresar pensamientos, ideas y opiniones, por cuanto, la radio es el medio de comunicación de mayor referencia informativa. Los ciudadanos ven reducido el ejercicio de su derecho de dar y recibir contenidos de interés público, previstos en los artículos 57 y 58 de la carta magna. Se vulnera el derecho al trabajo de periodistas, locutores, operadores y productores; además de incidir en la actividad económica al no contar con espacios para publicitar productos y servicios.
El cierre continuado deja en un limbo jurídico a las emisoras, ya que no ha habido una renovación masiva de las licencias y gestionar la autorización no es un proceso que se logra en el corto plazo. La autorregulación y la autocensura para evitar sanciones conlleva a reprogramar el contenido político e informativo por entretenimiento. Se acrecienta el temor de no recuperar los equipos incautados, los cuales ascienden a miles de dólares y el miedo ante la apertura de procedimientos administrativos en contra e investigaciones.
El gremio periodístico reitera su solidaridad con los directivos y trabajadores de los medios desempleados y repudia todas aquellas acciones que pretendan limitar los derechos y libertades consagrados en el ordenamiento jurídico venezolano y los pactos internacionales que defienden la libertad de pensamiento y la pluralidad de las ideas. Exhortamos al órgano regulatorio a la puesta en marcha de mecanismos que agilicen la habilitacón administrativa, concesión o permiso para el uso del espectro radioeléctrico, además de la entrega de los equipos incautados.
