Saludamos el anuncio del desbloqueo de ocho portales de noticias que se mantenían inaccesibles en el país, con lo que se limitaban derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la información. Esperamos y exigimos garantías a la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, para que hechos y acciones como estos no vuelvan a ocurrir.
Aunque festejamos la medida, no la consideramos suficiente para hablar de un ejercicio libre, democrático y balanceado del periodismo en Venezuela, porque aún quedan 54 medios con acceso limitado en internet. Tampoco esto debe quedarse allí: es menester investigar qué ministerio, organismo o funcionario estuvo detrás del bloqueo y por qué, pues se vulneraron principios constitucionales y derechos humanos, lo cual requiere la debida sanción.
Tomando en cuenta que, posterior al 3 de enero, vivimos un «nuevo momento político», como lo definió la propia señora Rodríguez, aún no se cubren las expectativas y exigencias para hablar de una verdadera libertad de expresión en Venezuela que genere un periodismo sin censura.
Desde mediados de marzo de este año, el Colegio Nacional de Periodistas, junto a los integrantes de la Alianza por la Libertad de Expresión, ha monitoreado y asistido al llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Desde el primer momento, el CNP ha acudido de buena fe a este programa y ha sostenido reuniones incluso con el alto gobierno y, ahora, con los diputados de la Asamblea del 2015. Lo hizo en pro de los derechos constitucionales que asisten a los venezolanos y a los periodistas, a fin de lograr una verdadera libertad de expresión y un ejercicio libre de nuestra profesión, sin el cual no podemos hablar de una democracia auténtica .
Estas medidas de desbloqueo, de apenas ocho portales, se dan justo antes del inicio del segundo ciclo de diálogo entre la Asamblea de 2015 y la comisión del gobierno de la presidente encargada, donde se tocan precisamente los temas de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, por lo que saludamos y esperamos los frutos necesarios para el restablecimiento pleno de la democracia. Reiteramos que deben ser todos los portales, pues aún quedan 54 bloqueados: no puede ser una medida selectiva. Estas deben acompañarse del desbloqueo total de los medios y de la derogación de leyes altamente restrictivas como la que regula el odio, la Resorte-Me, la de extinción de dominio, la Ley Simón Bolívar y algunos artículos del Código Penal, entre otros instrumentos legales que generan censura y miedo.
La Asamblea de 2015 y el gobierno de Rodríguez tienen en sus manos las propuestas de la Alianza por la Libertad de Expresión, en las que les señalamos todas las medidas que deben implementarse para la restitución de un ambiente propicio para el ejercicio de nuestra profesión, entre ellas el cese de la censura, la eliminación de las medidas cautelares que aún tienen siete periodistas excarcelados, el cese de la persecución policial contra reporteros y medios de comunicación, el acceso sin discriminación a las diferentes fuentes informativas y la apertura de la información pública. Asimismo, solicitamos el cese del monitoreo de las comunicaciones y la revisión arbitraria de los teléfonos móviles, que se respete el secreto profesional, que paren los mensajes de odio por la red pública de comunicación, la estigmatización y las descalificaciones contra periodistas y medios; finalmente, pedimos garantías de no repetición y la restitución del carácter técnico de Conatel.
No quisiéramos que este desbloqueo parcial, registrado ayer, se asemejara al mecanismo que ha empleado el gobierno interino en la liberación de presos políticos en los últimos 8 meses, toda vez que no han sido liberados en su totalidad y algunos que salieron de la cárcel mantienen medidas cautelares restrictivas. Señalamos que el bloqueo de estos portales fue un abuso del gobierno de Nicolás Maduro, en el que Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta.
Estas medidas sirvieron de preámbulo a la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, galardón espurio que, como gremio, hemos venido desconociendo desde el año 2000 hasta ahora, porque, de ser un mecanismo de reconocimiento a la valentía y a las buenas prácticas profesionales, pasó a ser un cheque expedido a la lealtad de aquellos comunicadores que respaldan al gobierno. El Código de Ética del Periodista Venezolano, en su artículo número 31, estipula: «El periodista solo aceptará premios otorgados de acuerdo con las normas establecidas o aprobadas por el Colegio Nacional de Periodistas». Por tanto, se considera antiético participar en todo galardón que no se guíe por los baremos del CNP y en cuyo jurado el gremio no haya intervenido.
Solo esperamos que mejores tiempos vengan para la República y que, poco a poco, recuperemos el ecosistema de medios, que se ha achicado hasta casi su desaparición en los últimos 13 años y que el periodismo vuelva a ser una carrera digna al servicio del pueblo. El CNP se mantiene vigilante y sigue exigiendo el cumplimiento de la Constitución Nacional.
Colegio Nacional de Periodistas
