La Junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Cojedes fija posición ante el cierre e incautación de los equipos de las emisoras de radio Luna 95.5 FM e Impacto 91.7 FM. ubicadas en San Carlos, municipio San Carlos, el pasado 29 de julio del año en curso; por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel.
La medida está sustentada en la explotación ilegal del espectro radioeléctrico, de acuerdo a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Durante el procedimiento, los funcionarios se llevaron consolas, transmisores, computadoras y el equipamiento que hace posible la operatividad de las radioemisoras. Con estos dos cierres, se suman un total de 6 radioemisoras en el mes de julio que dejan a una audiencia ávida de información y entretenimiento, al menos a 80 trabajadores de los medios sin fuente de ingresos para el sustento familiar, un sector comercial y productivo sin ventanas para publicitar sus productos y servicios, y un limitado ejercicio ciudadano de expresar pensamientos, ideas y opiniones.
En menos de un mes, los cojedeños han visto reducidos su alcance comunicacional e informacional. La radio es un medio de comunicación que goza de receptividad y credibilidad por parte de la audiencia y, al mismo tiempo, mantiene una estrecha vinculación con todos los sectores de la sociedad. El cierre de una emisora no es un hecho aislado, pues afecta el ejercicio ciudadano de dar y recibir información oportuna, inmediata y veraz e incluso minimiza las alternativas de elegir cuál emisora seguir según su preferencia. Aunado a ello, las condiciones de normalidad constitucional en la que operan las radioemisoras, las sitúan en un limbo jurídico debido que los procesos no son los suficientemente rápidos para la renovación de licencias, habilitaciones administrativas y permisos.
Las emisoras se autorregulan y autocensuran para evitar sanciones con multas o «el comiso de los equipos y materiales empleados en la instalación, operación, prestación o explotación de servicios de telecomunicaciones».
Ante este escenario de restricciones, el gremio periodístico rechaza categóricamente los continuos cierres y confiscaciones de equipos de las radioemisoras clausuradas en un lapso de 31 días. Reitera su solidaridad con los directivos y trabajadores de los medios que quedan desempleados y con los ciudadanos que pierden una ventana informativa y recreativa. En consecuencia, repudia todas aquellas acciones que pretendan limitar los derechos y libertades consagrados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y los pactos internacionales suscritos por la República que defienden la libertad de pensamiento y la pluralidad de las ideas. Exhortamos al órgano regulatorio la puesta en marcha de mecanismos que agilicen la habilitación administrativa, concesión o permiso para el uso democrático del espectro radioeléctrico, además de entregar los equipos incautados que ascienden a miles de dólares y que hoy día se dificulta su adquisición.
