(Caracas, 30 de julio de 2024). Las organizaciones firmantes de la Alianza por la Libertad de Expresión exigimos al Estado venezolano que garantice de manera urgente y efectiva la transparencia del proceso electoral del 28 de julio. La legitimidad integral de la elección depende de que sea verificable y auditable, siguiendo los términos técnicos, operativos y legales establecidos en la legislación nacional y en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
El 29 de julio de 2024, después de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un primer boletín con los resultados. En una nota de prensa, se destaca que, con el 80% de las actas transmitidas y “una tendencia clara e irreversible”, se declara a Nicolás Maduro como ganador. Sin embargo, es importante señalar que aún faltaba el 20% de las actas por contabilizar, lo que representa más de 2 millones 500 mil votos. Según estos datos del CNE, esta cifra supera la diferencia entre los votos obtenidos por los candidatos González y Maduro, que es de poco más de 700 mil votos.
El 29 de julio de 2024, Elvis Amoroso, presidente del CNE, proclamó a Nicolás Maduro Moros como presidente electo. Sin embargo, este acto se llevó a cabo sin publicar los resultados ni entregar copias de las actas a los representantes de los distintos partidos políticos, observadores y testigos. Además, en muchos centros de votación no se permitió la presencia de personas para verificar los resultados en las mesas seleccionadas. También se omitieron las auditorías de telecomunicaciones y se negó el ingreso de los testigos principales del candidato González a la sede del CNE.
Además, Amoroso denunció un presunto ataque que afectó la transmisión de datos durante la totalización de votos. Sin embargo, no se proporcionaron detalles ni un informe técnico sobre este incidente. Después del anuncio de resultados por parte del presidente del CNE, el acceso a la página del ente comicial está restringido. De acuerdo a análisis técnicos, la página no es accesible desde algunas redes y fuera de Venezuela, por decisión del CNE y no por un bloqueo de las operadoras.
Es urgente que el Estado y sus autoridades transparenten el proceso electoral, publiquen los resultados, permitan la verificación y una auditoría técnica, con todas las partes involucradas, y dispongan la información de manera amplia y formal, sin restricciones indebidas. Constatar la certeza en el proceso y los resultados solo será posible a través de la aplicación efectiva de la contraloría ciudadana, del acceso libre y sin limitaciones a la información pública.
La falta de verificación y auditoría genera desconfianza en los resultados del CNE y provoca movilizaciones en varias ciudades del país. El derecho a manifestarse pacíficamente es legítimo y debe ser protegido por el Estado, garantizando la seguridad e integridad de las personas.
El abuso de la fuerza pública, la omisión deliberada ante la acción de grupos violentos, y el uso de armas potencialmente letales violentan las garantías para el ejercicio legítimo de la protesta pacífica, además de constituir delitos graves de responsabilidad penal individual en la justicia nacional e internacional.
Rechazamos la represión violenta, la desaparición forzada de personas, las detenciones arbitrarias y todas las violaciones de derechos humanos asociadas a la integridad personal, vida y debido proceso registradas durante y en las horas posteriores al anuncio de los resultados electorales.
En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado venezolano debe:
- IMPLEMENTAR mecanismos transparentes que permitan una amplia participación de todos los sectores de la sociedad civil, así como de observadores internacionales independientes e imparciales, que garanticen hacer una auditoría a los resultados electorales, segregada a nivel estadal, municipal, así como también por centro y mesas electorales.
- PUBLICAR la mayor cantidad de información sobre los resultados por centro o mesa de votación que permita hacer contraloría social a los resultados electorales de las presidenciales de 2024.
- EVITAR prácticas restrictivas que restrinjan el derecho al acceso a la información que impactan negativamente el ejercicio informado de los derechos políticos.
- PROTEGER a los manifestantes y el CESAR la represión violenta, detención arbitraria y otras graves violaciones de los derechos humanos de las personas manifestantes y activistas.
Firman:
Colegio Nacional de Periodistas
Espacio Público
Expresión Libre
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) de la Universidad Central de Venezuela
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela – IPYS Venezuela
Transparencia Venezuela
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