La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela expresó su respaldo absoluto al Colegio Nacional de Periodistas y al LVI Secretariado Nacional, realizado recientemente en Chacao, en la defensa de la Ley de Ejercicio del Periodista y su Código de Ética, que pretendidamente se intenta reformar en el órgano legislativo en ejercicio y que promueve la desprofesionalización de esta carrera, descrita por dicha ley como guarda y custodia de la Libertad de Expresión en el país.
Los profesores Tulio Alberto Álvarez, Nelson Chitty La Roche, Isabel Cecilia Esté, Leonel Alfonso Ferrer, Alberto Blanco Uribe, Jhuan Jhuan Medina, Jesús Emiro González, Oscar Arnal, Julio César Fernández y Andrés Raúl Páez, que integran dicha cátedra,divulgaron un documento de respaldo a la institución que representa el CNP, la Ley de Ejercicio del Periodismo, el Código de Ética del Periodista, la colegiatura por mandato constitucional, en base a los últimos pronunciamientos (Junta Directiva Nacional) y el acuerdo del LVI Secretariado Nacional.
El pronunciamiento se dio en una rueda de prensa de esta cátedra que tuvo lugar en la misma sede del Colegio Nacional de Periodistas, en Los Caobos.
Contra la cesión de territorio nacional a Irán
En el acto se difundió un segundo documento a cargo del coordinador de la cátedra, el doctor Tulio Álvarez, relacionado con la temática ambiental e indígena, desde la perspectiva del Derecho Constitucional e Internacional, que expresa: “La conducta del máximo personero del régimen y de los funcionarios que han apoyado su decisión constituye una secuencia perfecta de la entrega del territorio venezolano del Esequivo, producto de una magna negligentia que solo puede ser calificada como un ‘intencional abandono de la reclamación contra Guyana’ y la creación del Arco Minero del Orinoco”.
Álvarez explicó que estas decisiones del ejecutivo nacional afectaban algo más de 12% del territorio de la República. «El Arco Minero y, ahora, la cesión del territorio nacional a Irán constituyen los más arbitrarios y audaces actos de enajenación masiva de la riqueza minera nacional, bajo el antifaz inicial de un convenio de colaboración con una potencia extranjera, como es el caso del Convenio Iraní; o, el teatro de la realización de un acto patriótico, como ha sido la supuesta nacionalización de la explotación y exportación de metales y no metales»
En el documento entregado por la cátedra de Derecho Constitucional de la UCV se expresa: “Esta inédita política entreguista que se inició desde la firma del convenio petrolero con Cuba, hoy afecta la explotación de material radiactivo como el uranio y el torio, oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita; además, constituye una fuente de ingresos sustantiva para mantener el régimen en el poder a pesar de que sus ejecutorias reflejan un Estado Fallido”.
Por su parte, el doctor Nelson Chitty La Roche argumentó, durante la rueda de prensa, sobre la gravedad del problema de soberanía, la seguridad nacional en Venezuela, y el mandato del artículo 13 de rango constitucional que establece lo siguiente: “El territorio [nacional] no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros (…)“.
Chitty La Roche alertó sobre el otorgamiento indiscriminado de concesiones que desconocen “las más elementales normas de preservación del medio ambiente”, irrespetan las regulaciones en materia de tierras ancestrales de las comunidades autóctonas y sacrifican la soberanía nacional, “por parte de un régimen entreguista”, dijo.
El catedrático denunció que Irán se convertirá en el principal latifundista en Venezuela con un millón de hectáreas y se preguntó que a quiénes les van a quitar esos territorios y a quienes la GNB irá a despojar de sus tierras para dárselas a los iraníes, para luego responderse: “Evidentemente, será contra los indígenas”, cuyo día internacional se celebra precisamente hoy.
Anunció el vocero de la cátedra de Derecho Constitucional que ese organismo procederá a denunciar “la abierta violación de derechos fundamentales” ante los órganos competentes de la comunidad internacional, en especial, la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y solicitarán las medidas de tutela por la situación descrita y el daño inminente “por la irregular e inconstitucional cesión del territorio nacional a potencias extranjeras”.
